El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe inactivó este viernes un nuevo búnker de venta de drogas en Rosario, ubicado en Solís 3127, como parte del plan provincial de intervención en puntos de microtráfico. Con esta acción, la provincia alcanza 82 inmuebles bloqueados desde el inicio de la aplicación de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023.
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El procedimiento fue supervisado por el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, junto a la fiscal del MPA Juliana González, y se enmarca en una serie de medidas para combatir el narcotráfico barrial y reducir los hechos de violencia asociados.
Santantino destacó que la ley representa “un eje central en la política de seguridad provincial”, al permitir una acción directa sobre los espacios de venta y logística del narcotráfico. Subrayó que este búnker “era parte del presente y de personas con pedido de captura vinculadas a organizaciones criminales de alto perfil”, y sostuvo que la persecución penal estratégica busca sostener “la baja en los indicadores de violencia altamente lesiva” observada en Rosario y otras ciudades.
Por su parte, la fiscal González explicó que la medida fue ordenada por el Colegio de Jueces Penales, a pedido de la Fiscalía, en el marco de una causa por extorsión, comercialización de estupefacientes y tráfico ilegal de armas de fuego. En la investigación hay varias personas detenidas con prisión preventiva y dos prófugos con pedido de captura.
Durante los allanamientos se incautaron 400 dosis de cocaína fraccionadas listas para su venta, junto con elementos vinculados al comercio ilegal de drogas. La funcionaria judicial remarcó que la desactivación del inmueble “forma parte de un trabajo sostenido entre el MPA, la Policía y el Ministerio de Seguridad”.
La Ley de Microtráfico, promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, autoriza la inactivación de inmuebles utilizados para la venta de drogas o asociados a hechos de violencia, mediante procedimientos conjuntos entre el Gobierno provincial, el MPA y los municipios. Desde su puesta en marcha en 2024, se consolidó como una herramienta clave para desarticular estructuras criminales locales y recuperar espacios urbanos afectados por el delito.
