El anuncio de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud generó un profundo rechazo entre las asociaciones que promueven los derechos y la inclusión del sector. Mientras el Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, justifica la medida bajo una premisa de transparencia y lucha contra el "descontrol administrativo", referentes del área denuncian que la decisión ignora la complejidad de la discapacidad y reduce la problemática a una mirada meramente sanitaria.
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Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, su coordinador Pablo Molero calificó de "absurdo" el planteo oficial de cerrar organismos ante supuestas fallas de gestión en lugar de mejorarlos. Molero subrayó que la absorción por parte de la cartera de Salud contradice los lineamientos de organismos internacionales y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los principales ejes de la crítica sectorial
Las organizaciones coinciden en que la medida representa una involución en materia de políticas públicas basándose en los siguientes puntos:
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Enfoque limitado: Cuestionan que la discapacidad sea tratada únicamente como un tema de salud, omitiendo dimensiones fundamentales como la educación, el transporte, el empleo y la inclusión social integral.
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Modelo obsoleto: Gabriela Vidal, integrante de ASDRA, advirtió que el traspaso implica volver a un "modelo médico rehabilitador" que ya ha sido superado por el modelo social de discapacidad.
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Falta de transparencia presupuestaria: Existe incertidumbre sobre el destino de las partidas presupuestarias originalmente asignadas a la Andis y cómo se ejecutarán bajo la nueva órbita ministerial.
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Estigmatización del colectivo: Referentes denuncian que el discurso oficial, al enfocarse en la corrupción y el desorden, "ensucia la imagen" de todas las personas con discapacidad, poniéndolas bajo sospecha.
La desprolijidad en la comunicación del cierre —ocurrido a escasas horas del fin de año— también fue señalada como un factor que aumenta la angustia de las familias. "La sensación es que quieren sacarse de encima a las personas con discapacidad, las sienten como un estorbo y un gasto para el Estado", sentenció Vidal. En este contexto, los equipos legales de diversas organizaciones ya analizan la posibilidad de judicializar la medida, fundamentándose en que la Convención Internacional exige que la temática sea gestionada por un organismo de la mayor jerarquía posible para garantizar la transversalidad de las políticas de inclusión.
A pesar de que Adorni aseguró que la medida "no implica que se corte absolutamente ninguna prestación", el clima entre las familias y los profesionales del sector es de máxima alerta, ante lo que consideran un desmantelamiento de la institucionalidad lograda tras años de lucha.
