En una medida drástica orientada a recuperar el control político sobre la fuerza, el gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso la remoción de Guillermo Solari de la jefatura de la Policía en Rosario. La decisión se formalizó apenas 24 horas después de que se lograra desactivar el acuartelamiento de cientos de efectivos frente a la Unidad Regional II, un conflicto que mantuvo en vilo a la ciudad y paralizó parcialmente los esquemas de prevención y patrullaje durante el martes y el miércoles.
La salida de Solari, quien apenas había completado tres meses en el cargo tras asumir en noviembre pasado, evidencia el profundo desgaste de una gestión que no logró contener el descontento interno. El detonante de la crisis fue el impacto emocional y corporativo que generó la muerte del suboficial Oscar Valdez, cuyo suicidio frente a la Jefatura disparó un reclamo que rápidamente escaló hacia una rebelión institucional.
Imputaciones Judiciales y Responsabilidades Penales
Más allá de los cambios en la jerarquía, la Justicia ha iniciado una ofensiva para determinar las responsabilidades penales de quienes encabezaron la medida de fuerza. Fuentes judiciales confirmaron que 10 efectivos policiales han sido imputados por su participación activa en la rebelión. Los cargos principales que enfrenta el personal involucrado incluyen:
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Obstrucción del servicio público: Intervención directa en bloqueos y cortes que impidieron la operatividad de la fuerza.
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Incumplimiento de los deberes de funcionario público: La interrupción deliberada de los patrullajes y cuadrículas de seguridad ciudadana.
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Coacción agravada: Acciones destinadas a tensar la relación con la conducción política y forzar decisiones gubernamentales bajo presión.
Un escenario de normalización
Si bien el Poder Ejecutivo provincial considera que la situación operativa se ha normalizado con el retorno de los móviles a las calles y la reactivación del sistema de emergencias, el clima interno dentro de la Policía de Rosario permanece en un estado de fragilidad institucional.
La remoción de Solari se interpreta no solo como una sanción por la falta de manejo de la crisis, sino como un intento de oxigenar una cúpula que quedó deslegitimada ante la tropa y la opinión pública. No obstante, el desafío para la nueva conducción y para el Ministerio de Seguridad santafesino será canalizar los reclamos estructurales que subyacen al conflicto —vinculados a las condiciones de trabajo y la salud mental del personal— sin ceder ante métodos de protesta que vulneran la legalidad y la seguridad de la población.
