Este miércoles miles de personas se movilizaron en distintos puntos del país, para reclamar la declaración de Emergencia en el área de Discapacidad. Distintas organizaciones, familiares y personas con alguna discapacidad, marcharon en reclamo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y la mayor concentración se llevó a cabo en las afueras del Congreso Nacional.
Este proyecto de ley, se tratará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, y lo que intenta aplacar es una situación muy compleja que atraviesan las personas con discapacidad. Entre las consignas de hoy se denunciaba quita de pensiones no contributivas, falta de cobertura en distintas prestaciones y medicamentos, e incumplimiento del cupo laboral del 4%. También había presentes distintos prestadores de servicios, que denunciaron falta de actualización de honorarios y grandes deudas por parte del Estado.
Las personas con discapacidad y los tutores que se movilizaron señalan que incumplimientos de la ley 24.901, sancionada en 1997 y que establece un sistema de prestaciones básicas para rehabilitación integral, y la ley 27.044, sancionada en 2014 y que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina.
Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), expresó al diario La Nación: “Venimos hace mucho tiempo arrastrando un déficit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situación se está haciendo totalmente insostenible. Hoy, hay un 73% debajo de lo que es la inflación. Los profesionales de apoyo están cobrando 307.000 pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias”.
Buena parte del reclamo se centra en la falta de aumento de los aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que fija las retribuciones que las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir para los prestadores de servicios en discapacidad. “Actualmente, estamos cobrando la sesión 12.370 pesos por el nomenclador de Nación. La verdad que es una miseria”, reveló Malena Amarilla, licenciada en psicología y fundadora del equipo terapéutico llamado AmaRed.
Movilización y posibilidades en el Congreso
Las movilizaciones iniciaron por la mañana y se extendieron en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Tucumán, Catamarca, Misiones, Mendoza, San Juan, Río Negro, San Luis y Santa Fe. Su reclamo buscó expresar su apoyo a la declaración de emergencia en discapacidad, que se debatirá el próximo miércoles 4 de junio desde las 12 horas en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue respaldada por 13 diputados de cuatro bloques distintos: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. A ellos se le sumaría el apoyo del Frente de Izquierda. Si todos los miembros de las bancadas se encuentran presentes, la oposición superaría la mitad del recinto.
La emergencia que se establecería en con la Ley, significa la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.
