El Gobierno dio un nuevo paso en su intención de volver a poner en manos privadas una parte clave de las rutas nacionales. Esto se dará en el marco de un proceso que había comenzado a principios de año con la primera tanda de licitaciones.
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A través de una resolución oficial, lanzó la segunda etapa del proceso para licitar más de 4.400 kilómetros de corredores viales clave en distintas regiones del país.
Entre los tramos incluidos en esta etapa figuran la autopista Riccheri —que conecta la Ciudad con el aeropuerto internacional de Ezeiza—, la Ezeiza-Cañuelas, la autopista Newbery y varios tramos de las rutas nacionales 3, 5 y 7.
También están contemplados accesos estratégicos a los puertos del Paraná, principalmente en la zona de Rosario y alrededores.
Concesión en marcha: Nación abrió la licitación de las rutas nacionales
El proceso contempla la realización de audiencias públicas en distintas ciudades del interior bonaerense entre el 11 y el 13 de junio.
Según lo establecido, habrá encuentros en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás, donde se espera la participación de vecinos, autoridades y organizaciones interesadas.
La inscripción estará habilitada hasta el 9 de junio a través del sitio oficial de Vialidad Nacional.
Desde el Ejecutivo sostienen que la convocatoria busca abrir el debate y brindar información detallada sobre el proyecto, que forma parte de la “Red Federal de Concesiones” en su segunda fase.
La idea apunta a cambiar el modelo de gestión de varias rutas que hoy maneja el Estado a través de Corredores Viales, tras el vencimiento de contratos con empresas como Cincovial y Crusa.
El plan divide los tramos en distintas regiones, entre ellas Acceso Sur, Región Sur, Atlántico, Mediterráneo, Puntano y los corredores portuarios del norte y del sur.
En paralelo al anuncio, distintos sectores volvieron a plantear dudas sobre el modelo de concesión. Las críticas apuntan sobre todo a la posibilidad de que se restablezcan peajes sin mejoras previas en la infraestructura y a que el esquema beneficie principalmente a grandes operadores privados.
De todos modos, en el Gobierno aseguran que el objetivo es lograr un sistema más eficiente y sustentable para el mantenimiento de rutas claves para la producción, el comercio y el tránsito diario.
