Javier Milei asumió la presidencia con un clara y sencilla idea: dejar todo en manos del sector privado. Luego de decir que se siente un "topo" dentro del Estado, y que quiere "romperlo por dentro", el mandatario cortó la asistencia estatal en varios sectores. Pero hay algo que puede ser mucho peor, y es lo que va a formalizarse en los próximos días.
En los próximos días, el Gobierno del libertario publicará un decreto que dará inicio a un proceso de licitación en dos tramos por la concesión de las rutas 12 y 14 ("Corredor 18"), que tienen 677 kilómetros entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes y son claves para el comercio del Mercosur, principalmente entre Argentina, Brasil y Uruguay.
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Esas rutas están actualmente en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) de Construcciones y Concesiones Viales, que tiene la concesión desde hace más de 30 años y su última prórroga vence el 9 de abril de este año. La empresa tiene abierto desde 2022 un juicio contra el Estado nacional por el equivalente a unos 300 millones de dólares debido al incumplimiento sistemático del contrato y el atraso de sus tarifas, que sería mayor al 200%.
Una vez llamada la licitación para esos 675 kilómetros, se iniciará una segunda etapa mucho más ambiciosa, que incluye la privatización de las concesiones 8.470 kilómetros de rutas y autopistas actualmente gestionados por Corredores Viales, empresa estatal que quedó sujeta a privatizaciones en la Ley Bases.
Pero no solo van por esas, también prevén lanzar la concesión de más de 8.000 kilómetros de las Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos, el llamado a licitación está previsto para febrero y su adjudicación para julio de 2025.
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El negocio de las constructoras: los peajes
Las constructoras, duramente golpeadas por la decisión del gobierno de frenar la obra pública, están interesadas en recuperar negocios. Es que la administración nacional recortó el 95% de las obras en provincias y municipios para que se hagan cargo los gobiernos locales de las tareas que son de interés local.
Pese a esto, y tras la decisión del Gobierno de privatizar las rutas y autopistas, a los constructores se les abre el abanico para expandir y explotar un negocio, el de los peajes.
De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, las constructoras estiman que solamente se pueden poner peajes rentables en 1.000 kilómetros: los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la ruta 3.
En ese sector consideran que la obra pública debe ser equivalente a 15.000 millones de dólares por año y observan que en el mundo la inversión privada en infraestructura vial no supera el 15% del total.
El Gobierno licitará en total 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentran el 80 por ciento del tránsito.
