Desde que el gobierno de Javier Milei eliminó la Ley de Alquileres en diciembre de 2023, los precios de los alquileres no han dejado de escalar, generando una presión cada vez más insostenible para los inquilinos en todo el país. La organización Inquilinos Agrupados denunció que, en apenas cinco meses, el valor de los contratos “casi se quintuplicó”, lo que representa uno de los incrementos más abruptos desde el retorno de la democracia.
Te puede interesar
La inflación de abril —2,8% según el INDEC— no detuvo esta tendencia. Por el contrario, el rubro "alquiler de vivienda" presentó aumentos por encima del promedio general. Según el relevamiento publicado por la organización en sus redes sociales, el alza fue especialmente significativa en algunas regiones del país:
-
Patagonia: 12,6%
-
Región pampeana: 6,1%
-
Noreste argentino: 4,4%
-
Noroeste y Cuyo: 4,3%
-
Gran Buenos Aires: 3,6%
Estos porcentajes evidencian que la crisis no está localizada, sino que afecta de manera transversal a todo el territorio nacional.
El golpe silencioso de las expensas
A este incremento se suman las expensas, un gasto asociado al alquiler que también registró un fuerte ajuste. Según datos recopilados por la misma organización, las expensas aumentaron en promedio un 4,5% solo en abril, y 120,55% en comparación interanual. Este concepto incluye no solo el pago de servicios comunes, sino también salarios del personal de edificios, servicios públicos, mantenimiento, limpieza y honorarios profesionales.
Si bien no siempre son consideradas parte del “valor del alquiler”, en la práctica significan una carga directa sobre el bolsillo de quienes alquilan, ya que el monto total mensual termina siendo mucho más alto que el anunciado en los contratos.
El trasfondo: crisis habitacional en ascenso
Más allá de los porcentajes, los datos reflejan una realidad angustiante: cada vez más familias destinan una porción creciente de sus ingresos a sostener el acceso a la vivienda. En un escenario de alta inflación, con salarios estancados y sin regulaciones que contengan los abusos del mercado inmobiliario, el derecho a la vivienda se convierte en un privilegio inaccesible para amplios sectores de la población.
La situación revela un problema estructural: la crisis habitacional en Argentina se profundiza, con miles de personas enfrentando desalojos, hacinamiento o directamente sin opciones en el mercado formal de alquileres. La falta de políticas públicas para regular los precios, garantizar contratos justos y ampliar el acceso a la vivienda agrava un drama que ya golpea con fuerza en las principales ciudades del país.
En La Plata no es muy diferente
Un informe publicado por la Subsecretaría de Atención a Inquilinos de la Municipalidad de La Plata reveló que los aumentos en el primer trimestre del año superaron holgadamente la inflación. En enero, los alquileres subieron un 8,9%, frente al 2,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en febrero, 6,5% contra 2,4%; y en marzo, 5,3% frente al 3,7% del IPC. Solo algunos monoambientes y casas pequeñas escaparon parcialmente a esta tendencia.
Las cifras son alarmantes: en marzo, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en La Plata se ubicó en casi $397.000, cuando el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $292.446. Es decir, alquilar cuesta el 136% del salario mínimo. Para un jubilado que cobra la mínima, el alquiler implica el 114% de su ingreso mensual. Incluso un maestro de primaria debe destinar el 68% de su sueldo a alquilar un dos ambientes, y los trabajadores estatales bonaerenses no están mucho mejor: usan el 57% de su salario para pagar un alquiler promedio.
Los valores se disparan aún más en otras tipologías: los monoambientes promedian $294.229, las unidades de tres ambientes alcanzan los $507.843, y las casas superan fácilmente los $600.000 mensuales. En paralelo, la mayor parte de la oferta se concentra en el casco urbano (87,1%) y en unidades de uno o dos ambientes (68%), reflejando una demanda altísima de espacios pequeños.
