La urgencia es clara: el próximo 8 de julio se vence el plazo de las facultades delegadas que permiten sortear la aprobación parlamentaria y gobernar por decreto. Quedan apenas días para que Milei rubrique al menos 13 decretos fundamentales para achicar el Estado, despedir empleados, vender activos y concentrar poder.
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El reloj avanza mientras los borradores esperan su firma. En Balcarce 50 reconocen la tensión: una vez vencido el plazo de la Ley Bases, toda reforma volverá a depender de la voluntad de un Congreso adverso, donde el oficialismo no tiene mayoría y la oposición ya promete trabar cualquier ajuste extremo.
Las carpetas apiladas en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado contienen medidas que impactarán de lleno en ministerios clave como Salud, Capital Humano y Economía. Se planifican cierres, fusiones de organismos, recortes de personal y la venta de inmuebles estatales para reducir gastos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con más de 6.000 empleados y 450 sedes en todo el país, es uno de los blancos principales: prevén achicar su estructura, desprenderse de propiedades y avanzar en privatizaciones parciales. En la mira también están Senasa, ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, cuyo traspaso de funciones aún no se reglamenta pese a haber sido anunciado hace más de tres meses.
Según datos oficiales, la Administración Pública Nacional tiene actualmente 111 organismos: 40 desconcentrados y 71 descentralizados. Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación, insiste en que la burocracia es insostenible: “Cada descentralizado duplica contabilidad, compras, sueldos… es un monstruo”, afirmó cuando impulsó la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente desconcentrado.
Sin embargo, la complejidad legal retrasa la firma final de los decretos: cada norma debe ser revisada por los equipos jurídicos de cada área, por la cartera de Sturzenegger y finalmente por la Secretaría Legal y Técnica que encabeza María Ibarzábal. Solo tras superar todos esos filtros, Milei podrá estampar su firma. Pero no todo es cuestión de trámite: el contexto político también juega. El feriado del lunes y la posible detención de Cristina Kirchner —que agita la tensión social— pueden desviar la agenda y frenar la difusión de los anuncios. “Si pasa eso, toda la comunicación oficial va a girar en torno a Cristina”, admiten en el entorno libertario.
Mientras tanto, la motosierra sigue pasando. En el último año, la planta de empleados estatales se redujo en casi 30.000 puestos: de 322.197 en abril de 2023 a 292.801 en abril de 2024. Aun así, dentro del Gobierno crece el malestar por los sueldos congelados de los cargos jerárquicos y la falta de actualización de las Unidades Retributivas de los monotributistas, que cobran lo mismo desde octubre pasado.
Sin las facultades extraordinarias de la Ley Bases, se abre otra incógnita: el futuro del Ministerio de Desregulación. Entre los funcionarios circula la idea de que podría transformarse en un simple órgano asesor, sin poder para dictar normas. Si eso ocurre, la motosierra de Milei perdería su filo principal.
