La reciente ratificación de la condena e inhabilitación política de por vida contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia desencadenó una ola de solidaridad y respaldo desde distintos puntos del mundo. Líderes políticos, partidos, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales han denunciado lo que consideran una persecución judicial y política –una estrategia de "lawfare"– contra una de las figuras más emblemáticas de los movimientos políticos populares de Larinoamérica.
Desde Europa: denuncia del “golpismo judicial”
En España, varios referentes de la izquierda manifestaron su apoyo. Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, evocó al personaje de El Eternauta para recordar que “nadie se salva solo” y llamó a denunciar la proscripción de Cristina. La ministra Ione Belarra condenó “la guerra sucia judicial” y llamó a construir alianzas internacionales frente a la ofensiva reaccionaria. Irene Montero, también ministra y dirigente de Podemos, calificó la condena como un acto de “golpismo judicial y mediático”, afirmando que se busca “que, golpeando a una, todo un pueblo renuncie a una vida con derechos”.
Desde Francia, la diputada Sophia Chikirou alertó sobre un intento de encarcelar a Cristina Kirchner sin pruebas, comparando la situación con el caso de Lula en Brasil. Jean-Luc Mélenchon, líder de La France Insoumise, fue más directo: “Tres jueces corruptos han decidido negarse a examinar la apelación de Cristina. Milei se prepara para encarcelarla. Este es el enfoque correcto: movilización”.
América Latina se solidariza con Cristina
En Bolivia, tanto el presidente Luis Arce como el exmandatario Evo Morales rechazaron la condena, calificándola de “golpe judicial”. Morales la comparó con una reedición del Plan Cóndor, y llamó a la movilización popular en defensa de la democracia.
Desde Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT), el Instituto Lula y redes jurídicas denunciaron una “violencia política” comparable con los ataques sufridos por el propio Lula da Silva. El Instituto Lula expresó su preocupación por violaciones al debido proceso y cuestionó la imparcialidad del Poder Judicial argentino. Organizaciones como la Red Lawfare Nunca Mais y la Asociación de Jueces por la Democracia coincidieron en caracterizar el fallo como un caso paradigmático de persecución política.
En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez expresaron su firme respaldo. “Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región”, señaló el mandatario cubano.
Ecuador también alzó la voz. El expresidente Rafael Correa y la excandidata Luisa González tildaron la condena como el mayor atentado contra la democracia desde el exilio de Perón. La Revolución Ciudadana consideró que “la democracia en Argentina dejó de existir” y llamó a rechazar el lawfare.
Organizaciones sociales y sindicales también repudian la sentencia
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF Américas) repudió la decisión de la Corte, denunciando que se trata de un nuevo ejemplo de persecución judicial y política. En su comunicado del 11 de junio, la ITF afirmó que el fallo “vulnera principios fundamentales del derecho”, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la libertad política.
Desde el ámbito juvenil y académico, la Red de Jóvenes y Estudiantes de la Internacional Antifascista emitió un duro comunicado calificando la sentencia como parte de una estrategia continental para destruir las conquistas populares y consolidar un proyecto neoliberal “incompatible con la justicia social”.
Una causa que desborda fronteras
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya recordaron el rol de Cristina durante el golpe de Estado de 2009 en su país y denunciaron la condena como una nueva maniobra del lawfare regional.
Resta aún observar cómo evolucionarán los escenarios político y judicial en Argentina, pero lo que es claro es que el caso de Cristina Fernández de Kirchner ha trascendido las fronteras nacionales. La expresión de solidaridades múltiples revela una preocupación común: la creciente utilización del sistema judicial como instrumento de disciplinamiento político, en una región donde los liderazgos populares siguen siendo blanco de procesos de deslegitimación sistemática.
El peronismo se organiza ante la ofensiva judicial
En paralelo al respaldo internacional, según trascendidos, este miércoles se habría llevado a cabo una reunión clave en la sede del Partido Justicialista (PJ), ubicada en la calle Matheu, donde autoridades, consejeros y dirigentes nacionales habrían comenzado a coordinar las próximas acciones ante la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
Del encuentro habrían participado referentes como José Mayans, Paco Manrique, Juliana Di Tullio, Germán Martínez, Mayra Mendoza, Mariel Fernández, Anabel Fernández Sagasti, Teresa García, Oscar Parrilli, Leo Grosso, Gustavo Arrieta, Vanesa Siley, Facundo Tignanelli, Emmanuel Santalla e Itai Hagman, entre otros. La reunión evidenciaría la unidad del espacio peronista frente a lo que consideran una embestida institucional destinada a proscribir a su principal líder.
