Diego Spagnuolo, el primer director de la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del gobierno de Javier Milei, fue procesado como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo en la causa por corrupción en la ANDIS. La medida dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello es sin prisión preventiva. También procesó a otros 18 acusados y además se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias.
El extitular del ANDIS fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y asociación ilícita. Además, se le dispuso un embargo por más de $200 millones.
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“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.
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Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.
La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, agregó el juez.
En el final del fallo, el juez advirtió que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. Casanello escribió: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (...). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".
