El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás y retiró el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado este lunes al Congreso de la Nación. En su lugar enviará otro texto, que lleva la edad de imputabilidad de los actuales 16 a 14 años, y no finalmente a 13.
La decisión se tomó a pocas horas del inicio del debate parlamentario, frente a la falta de consenso político para avanzar con ese punto central de la iniciativa.
Según confirmaron fuentes legislativas, el oficialismo retomará el dictamen anterior trabajado en comisión, que establece la edad de imputabilidad en 14 años, un umbral que cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y que ya había permitido al Gobierno conseguir un dictamen de mayoría durante el año pasado.
Así, el texto que volverá a ponerse en discusión mantiene varios de los ejes del régimen penal juvenil debatido en 2025, pero con ajustes clave respecto de la versión presentada hoy por el Poder Ejecutivo.
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Reforma Penal Juvenil: en busca de dictamen
La Cámara de Diputados constituirá hoy siete comisiones que deberán tratar el temario incluido en las sesiones extraordinarias.
El oficialismo quiere debatir el próximo jueves el Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero para lograr su objetivo necesita el dictamen del plenario de cuatro comisiones.
Los detalles del proyecto
El texto oficial propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema diferenciado que contempla sanciones específicas, procesos judiciales adaptados y medidas socioeducativas para los menores alcanzados por la ley. El Gobierno propuso en primera instancia bajar a 13 años, pero las negociaciones con opositores habrían puesto el límite en 14.
El régimen vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no son punibles, y que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados solo por delitos graves, bajo un esquema especial. El proyecto del Gobierno busca modificar ese criterio, incorporando a los adolescentes desde los 13 años al sistema penal, aunque con un tratamiento diferenciado del régimen de adultos.
De acuerdo con versiones oficiales citadas por los principales medios y periodistas especializados del país, la iniciativa contempla:
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La imputabilidad a partir de los 13 años para delitos graves.
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Un sistema penal juvenil autónomo, con jueces especializados.
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Sanciones graduales, que priorizan medidas socioeducativas, restricción de libertad y, en última instancia, privación de la libertad en institutos especializados.
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Plazos máximos de detención inferiores a los del régimen penal común.
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Programas obligatorios de educación, capacitación laboral y acompañamiento psicológico.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es dar respuesta institucional a delitos graves cometidos por menores, evitar la impunidad y establecer un marco legal que hoy consideran “obsoleto”, dado que el régimen actual data de la última dictadura militar.
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Qué se descarta
El principal punto que se elimina es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, defendida por sectores del oficialismo y plasmada en el proyecto enviado este lunes. Ese aspecto no logró el respaldo necesario, ni siquiera entre aliados como el PRO, que insistió en sostener el límite en 14 años.
