En plena cuenta regresiva hacia las elecciones porteñas, el jefe de Gobierno Jorge Macri lanzó una fuerte acusación contra el gobierno de Javier Milei.
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Macri advirtió que 142 instituciones que atienden a personas con discapacidad podrían cerrar porque el Gobierno no actualizó los aranceles y los costos subieron mucho.
En respuesta, el Gobierno porteño anunció una batería de medidas para evitar el colapso del sistema de atención.
Discapacidad: fuerte reclamo de CABA al Gobierno nacional
"Tenemos 142 instituciones en riesgo", advirtió Macri, quien remarcó que la Ciudad no puede "permitir que ninguna cierre".
La crisis, dijo, es consecuencia directa del atraso en las actualizaciones que debe definir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sin novedades desde hace cinco meses.
Ante este panorama, el Ejecutivo porteño anunció un subsidio extraordinario del 24% de la facturación mensual para centros de día, residencias y hogares con prestaciones de alta intensidad.
Se distribuirá en dos cuotas y alcanzará a 142 instituciones. El costo estimado será de $1.777 millones.
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno, explicó: “Estamos hablando de 5.900 personas con un alto grado de dependencia. Sus vidas dependen del acompañamiento permanente de cuidadores y profesionales. Estas instituciones también apoyan a sus familias”.
Además del subsidio, el Gobierno porteño enviará un proyecto a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos y condonar deudas a entidades que trabajen exclusivamente con personas con discapacidad.
También se reforzará la línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, con $500 millones extra para organizaciones sin fines de lucro del área.
El anuncio tuvo buena recepción en parte del sector, aunque también causó reclamos por la exclusión de prestadores de terapias individuales.
Avanza la emergencia en discapacidad: realizan una movilización frente al Ministerio de Salud por los recortes en el sector
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que preside el Directorio del Sistema Único de Prestaciones.
La marcha comenzó este martes a las 10.30 al edificio de la cartera, ubicado en Avenida 9 de Julio 1925 de la Ciudad de Buenos Aires.
La manifestación se realiza ante la falta de respuesta del director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y del ministro de Salud, Mario Lugones, quienes no atendieron el reclamo urgente de convocatoria a reunión de Directorio para actualizar los aranceles de las prestaciones. "Esta situación profundiza la grave crisis del sector discapacidad", denuncian.
De no resolverse, más de 250.000 personas con discapacidad corren riesgo de quedarse sin atención, debido al ahogo financiero que enfrentan los prestadores de servicios. "La crisis ya es insostenible. ¡No podemos esperar más!", insistieron.
Respecto al Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad
Si el problema no se resuelve pronto, más de 250.000 personas con discapacidad corren riesgo de quedarse sin atención, debido al ahogo financiero que enfrentan los prestadores de servicios. Eso es lo que advierten desde el Foro, en el cual también se encuentran a la espera del tratamiento del Proyecto de Emergencia en Discapacidad.
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad continúa impulsando el Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, como respuesta estructural a la situación crítica del sector.
"En cuanto se confirme el día y la hora, lo vamos a comunicar por nuestras redes sociales y sitio web. Nos mantendremos en estado de alerta y movilización. Convocamos a toda la comunidad a acompañar esta lucha. La discapacidad también es una prioridad", indicaron.
Sobre el sistema de prestaciones en discapacidad
La Ley 24.901 es la norma que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece las prestaciones básicas que deben garantizarse en todo el país. A partir de esta legislación se creó el Sistema Único de Prestaciones Básicas, quien se “encarga de regular el acceso a los servicios y de establecer los aranceles y criterios de cobertura”.
La gestión del sistema está a cargo de un directorio integrado por la ANDIS, el viceministro de Salud -o un delegado del mismo-, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y el programa Incluir Salud.
También lo integran representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud —que regula obras sociales y prepagas—, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y dos representantes del sector prestador.
