La cantidad de juicios por riesgos del trabajo continúa en aumento en la Argentina y la provincia de Santa Fe no es la excepción. Según datos del primer trimestre de 2026, la litigiosidad creció 3,4% a nivel nacional, mientras que en el territorio santafesino el incremento fue del 16,2%, una suba que cuadruplica el promedio del país.
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El fenómeno se da luego de que 2025 marcara un récord histórico en la cantidad de demandas, y los números actuales muestran que la tendencia no solo se mantiene, sino que se profundiza. En total, entre enero y marzo se iniciaron 26.697 nuevos juicios en todo el país, con un promedio de más de 11.000 causas mensuales en el último año.
Frente a este escenario, desde la provincia se vienen impulsando distintas medidas para intentar reducir la judicialización. Entre ellas, la designación de peritos médicos forenses dentro del Poder Judicial, que buscan reemplazar el esquema anterior basado en peritos particulares cuyos honorarios dependían del monto de las sentencias.
Además, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a una reforma del Código Procesal Laboral que establece la intervención obligatoria de estos cuerpos médicos y apunta a mejorar el funcionamiento del sistema. La iniciativa continúa en debate en el Senado, con participación de distintos sectores involucrados.
Sin embargo, pese a estas acciones, los indicadores siguen en alza. Desde el sector empresario advierten que la litigiosidad genera un fuerte impacto en los costos laborales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y señalan que existen problemas estructurales en el sistema, vinculados a la demora en la conformación de cuerpos médicos en varias jurisdicciones.
En ese contexto, Santa Fe presenta niveles de conflictividad superiores a otras provincias. Según datos sectoriales, la tasa de juicios duplica a la de distritos como Córdoba, lo que implica un sobrecosto significativo para el entramado productivo.
La situación encendió alertas tanto en el ámbito político como en el económico, y reabre el debate sobre la necesidad de reformas estructurales para equilibrar el sistema entre la protección de los trabajadores y la sustentabilidad de las empresas.
