La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se encuentra bajo la lupa por posibles irregularidades en el control del avión privado que despistó y se estrelló contra una casa en San Fernando, ocasionando la muerte de los pilotos Martín Fernández Loza (44) y Agustín Orforte (35).
Tras el fatal accidente (que derivó en el cierre del Aeropuerto), y a pesar de que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, surgieron indicios respecto a irregularidades, dudas respecto a los protocolos de bomberos y posibles incompatibilidades en la regulación del transporte aéreo -a pesar de que esté desregulado, tal como lo anunció el ministro Federico Sturzenegger-.
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En primer lugar, la investigación judicial por el caso está encabezada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y se lleva a cabo en paralelo con las indagaciones de la Junta de Seguridad de Transporte (JST). Este organismo tiene la tarea de determinar las causas del accidente y no de señalar culpables.
Pese a esto, surge una controversia que podría marcar una irregularidad en el proceso: el actual titular de la Junta de Seguridad de Transporte, Federico Suleta, asumió el cargo el 11 de noviembre, pero previamente ocupó el puesto de jefe de Gabinete en la ANAC.
Esto genera dudas sobre la independencia de las investigaciones, ya que, aunque la JST es un organismo descentralizado que opera bajo la órbita de la secretaría de Transporte, la relación previa de Suleta con la ANAC pone en tela de juicio la imparcialidad de las indagaciones, según indicaron fuentes técnicas vinculadas al caso a Infobae.
Esto quiere decir que Suleta "estaría de los dos lados del mostrador", según definió una fuente con acceso a la causa. En concreto, la objeción sería que Suleta era jefe del ente que actualmente debe investigar. Esto no es un delito, aclara la misma fuente, pero advierte que "no es aconsejable en la normativa internacional"
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¿Dudas respecto al accionar de los bomberos?
La investigación parece ser aún más profunda ya que existen dudas respecto al accionar de los bomberos del aeropuerto de San Fernando, que dependen de la ANAC. Lo que complica al organismo es que no puede ser regulador y prestar servicio de lo que regula. En el caso argentino, el ente brinda servicios de sanidad, terrestre y de bomberos. Pero la mayor falta no estaría en esta incompatibilidad, sino en la actuación de los bomberos que dependen del organismo.
Las normas globales indican que los bomberos dedicados a accidentes aéreos deben responder a la emergencia y llegar al lugar en un máximo de tres minutos.
Sin embargo, muy por el contrario, de las pericias preliminares surge que el equipo de bomberos tardó más tiempo en llegar al lugar del siniestro, lo que podría comprometer penalmente a la ANAC.
Además, se investiga si la espuma utilizada para sofocar el incendio cumplía con los estándares de eficacia requeridos. El agente espumógeno debe tener una proporción necesaria entre la espuma y el nivel de agua para que el producto tenga efecto en un incendio de tal magnitud.
“Técnicamente, todo esto puede terminar en una causa penal”, resumió una fuente de la causa al mencionado medio.
En cuanto a qué pudo haber ocasionado que el avión despistara, las hipótesis incluyen una posible falla en uno de los reversores, un mecanismo clave para frenar la aeronave. Asimismo, se están revisando las licencias de los pilotos y otros aspectos técnicos del vuelo, como la caja negra con las grabaciones de voz dentro de la cabina.
