Esta decisión, instrumentada en base al Decreto 1018/2024 firmado en noviembre del año pasado, marca el cierre de uno de los programas de acceso a la vivienda más emblemáticos de las últimas décadas.
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La medida fue justificada por el Ministerio de Economía con argumentos centrados en la “ineficiencia” del programa. Según los considerandos oficiales, el Procrear constituía una “pesada carga” para el presupuesto estatal y presentaba fallas en su fiscalización. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), en una auditoría reciente, sostuvo que la gestión del fondo fue deficiente, señalando demoras en la entrega de viviendas, sobrecostos en seguridad, incumplimientos de convenios y falta de condiciones mínimas de habitabilidad en muchas unidades.
Además, se cuestionó la falta de actualización de los manuales operativos y se calificó al sistema como opaco, lento y poco eficaz. El diagnóstico sirvió de base para aplicar la Ley N° 27.742, que otorga al Ejecutivo amplias facultades para desmantelar fondos fiduciarios en nombre de la "eficiencia del Estado".
A pesar del cierre, la gestión de los créditos hipotecarios continuará. El Banco Hipotecario S.A. mantendrá la administración de los préstamos en las mismas condiciones que el contrato original de 2012. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial supervisará el traspaso de los recursos líquidos recaudados hacia la Tesorería General de la Nación, descontando gastos y retribuciones bancarias.
Uno de los aspectos más polémicos es la habilitación para que el Banco Hipotecario venda carteras de crédito con baja rentabilidad (menos del 40%) y que el Ministerio de Economía pueda disponer libremente de los bienes del fondo. Entre ellos se incluyen terrenos, viviendas sin adjudicar y propiedades en disputa.
El Tribunal de Tasaciones deberá intervenir si se transfieren unidades habitacionales a provincias o municipios. Si los inmuebles fueron originalmente aportados por estos gobiernos, podrán ser restituidos total o parcialmente.
En cuanto a las viviendas y terrenos que no formen parte de obras en curso, serán derivados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través de convenios con la Secretaría de Obras Públicas. Las deudas pendientes se saldarán con fondos obtenidos por cobranzas o ventas de inmuebles, respetando las prioridades establecidas en el contrato fiduciario original.
Finalmente, las causas judiciales derivadas del programa disuelto quedarán en manos de una unidad legal designada por el Ministerio de Economía, lo que marca el cierre no solo operativo sino también simbólico del Procrear. Un programa que nació con la promesa de democratizar el acceso a la vivienda, pero que hoy termina bajo acusaciones de ineficiencia y con muchas preguntas sin responder.
