Condenan a Cristina Fernández de Kirchner no por lo que hizo mal, sino por todo lo que hizo bien. La acusan sin pruebas, la condenan con la impunidad que sólo puede ejercer una mafia enquistada en los pasillos del poder judicial, esa que responde a los intereses de los grandes grupos económicos y no a la Constitución. Le reabren una causa donde ya había sido sobreseída, violando todos los principios del debido proceso. Lo hacen porque no soportan que una mujer haya gobernado de cara al pueblo y no a espaldas de él.
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Cristina encabezó un proyecto político que puso a la Argentina de pie: salarios en dólares que eran los más altos de América Latina, la mejor jubilación de la región, y un Estado presente que construyó más de 2.500 escuelas, más de 10 universidades nacionales, hospitales, rutas, autopistas y caminos. Un país con industria activa, con capacidad instalada por encima del 78%, con el índice de desempleo más bajo y el consumo más alto de nuestra historia reciente.
El Plan Conectar Igualdad llevó tecnología a millones de pibes; el Procrear permitió a miles acceder a su casa; el Progresar les dio oportunidades a quienes no podían estudiar; y la Asignación Universal por Hijo fue una conquista histórica para la infancia. Se recuperaron empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, los trenes, YPF, y se soñó una Argentina soberana, justa y solidaria.
Por eso la condenan. Porque se atrevió a gobernar para el pueblo y no para los poderosos. Porque demostró que otro país es posible. Y ahora, con jueces serviles y medios cómplices, intentan borrar todo eso. No la juzgan a ella: nos juzgan a todos los que creemos en un país más digno. Y nos lo dicen con descaro: acá gobiernan los empresarios, o no gobierna nadie.
Pero la memoria del pueblo es más fuerte que cualquier sentencia escrita por quienes nunca pisaron un aula pública ni viajaron en tren. Cristina no está sola. La historia la absuelve, como a todos los que pelearon por un país más justo.