El ajuste no discrimina. Bajo la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción, el Gobierno nacional ha avanzado con una política de recorte brutal en sectores clave, afectando de manera directa a quienes más necesitan del Estado. Lo que se presenta como una “depuración” o una cruzada moral contra las irregularidades, se traduce en hechos concretos: miles de personas sin cobertura, sin alimentos, sin medicamentos ni atención médica.
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Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), justificó el parate en los pagos y la reducción de prestaciones alegando que “había prestadores que facturaban con personas muertas”. Bajo ese argumento, el organismo suspendió servicios esenciales y dejó a miles de personas con discapacidad sin transporte, asistencia personal ni tratamientos. El castigo colectivo por supuestas irregularidades puntuales se convierte en la regla, y el mensaje implícito es claro: si hay un abuso, todos pagan.
La lógica se repite en distintas áreas del Estado. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se negó durante meses a entregar alimentos a comedores comunitarios y frazadas a familias en situación de calle, escudándose en la necesidad de auditar y evitar clientelismo. No importó que la mercadería estuviera a punto de vencerse o que el frío arrecia en los barrios más pobres: la presunción de culpa pesa más que la urgencia social.
En el Hospital Garrahan, el centro pediátrico de referencia en América Latina, la narrativa oficial también apuntó contra los trabajadores. Recortes en insumos, personal y guardias se justifican por una supuesta proliferación de “ñoquis”. Así, bajo el pretexto de eficiencia, se ajusta donde más duele: en la salud pública de los más chicos.
Este patrón no es casual. El gobierno despliega un relato que busca deslegitimar el rol del Estado en el cuidado social. Se acusa, se estigmatiza y se recorta. En lugar de corregir lo que funciona mal, se dinamita todo el sistema. El ajuste no apunta solo a reducir gastos: busca disciplinar, sembrar desconfianza y vaciar de contenido la idea misma de justicia social. Y en esa operación, los más vulnerables son los primeros en caer.
