La Justicia de Paraguay formalizó la acusación por contrabando contra el exsenador argentino Edgardo Kueider, a quien interceptaron en diciembre pasado mientras intentaba ingresar al país con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar.
La denuncia también alcanzó a su asistente, Iara Guinsel Costa. Ambos permanecen bajo prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024, alojados en una residencia ubicada en Asunción. El caso será elevado a juicio oral, donde se definirá la posible condena.
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La denuncia fue impulsada por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, a cargo de la Unidad Nº 1 especializada en delitos como contrabando, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el escrito, el funcionario judicial sostuvo que los acusados fueron "hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país".
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La detención de Kueider
El operativo se realizó el 4 de diciembre pasado, cuando efectivos de la Armada paraguaya, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron a Kueider en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguaçú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay).
Según detallaron las autoridades, Kueider y Guinsel Costa transportaban 211.000 dólares estadounidenses, 3,9 millones de pesos argentinos y 640.000 guaraníes. Del total incautado, solo se devolvieron 9.990 dólares, el monto máximo permitido por la normativa sin necesidad de declaración. El resto del dinero fue incautado por la Dirección Nacional de Aduanas y transferido al Tesoro paraguayo.
La causa penal se enmarca en el Código Aduanero de Paraguay (Ley N.º 2422/2004 y sus modificatorias por Ley 6417/19), que contempla para este delito penas de hasta 5 años de prisión o multas, dependiendo del contexto. Los artículos del Código Penal Paraguayo citados por el Ministerio Público son el 4°, 26, 27 y 29. Si la condena supera los dos años, deberá cumplirse de manera efectiva; si se ubica entre uno y dos años, podría otorgarse una condena condicional.
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La extradición continúa lejos
En paralelo con el accionar judicial, la extradición del exsenador continúa empantanada. La jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado había pedido que Paraguay lo entregara por otra causa en la que se lo investiga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
El requerimiento fue impulsado por el fiscal federal Fernando Domínguez, pero esta semana la Justicia paraguaya rechazó nuevamente la solicitud.
Entre los motivos, se citaron deficiencias documentales y una “superposición de normativas internacionales”. La fiscal adjunta Matilde Moreno solicitó a la Argentina que se “aclaren exactamente los delitos atribuidos, se remitan los textos legales que los tipifican y se incluya el auto de mérito del 9 de abril de 2025”, que hasta ahora no fue enviado.
La funcionaria también alertó sobre el posible conflicto legal: “El escenario jurídico de superposición de normativas internacionales invocadas por las autoridades argentinas podría entorpecer el encause natural e impediría a las Autoridades Centrales y a las autoridades competentes en la República del Paraguay, la tramitación interna adecuada de la rogatoria y el cumplimiento estricto de las obligaciones convencionales”.
