Sin imputaciones, con escasas medidas y un silencio llamativo por parte de la política y la Justicia, la causa apunta a las entrañas del poder libertario en la provincia: Sebastián Pareja, operador clave de Karina Milei y principal armador de La Libertad Avanza en Buenos Aires.
Te puede interesar
Aguirre, excoordinadora contable de la UGL VII, expuso un esquema de recaudación ilegal dentro del organismo. Según su testimonio, era presionada para entregar "retornos" de hasta un millón de pesos, y cuando se negó, fue desplazada del cargo y perseguida judicialmente. La plata, denunció, servía para financiar la estructura libertaria en plena campaña. “Apoyé el proyecto político, pero no sabía que eso significaba bancarlo en negro”, dijo.
Las maniobras descriptas son múltiples y graves: cobros indebidos a jubilados, sobreprecios de hasta un 700% en contrataciones médicas urgentes tramitadas como "vía de excepción", venta de cargos, facturación de prácticas inexistentes y, en el extremo más alarmante, muertes evitables en geriátricos abandonados.
Uno de los puntos más delicados del expediente es el estado de los geriátricos bajo convenio. Aguirre denunció casos de desnutrición, condiciones edilicias deplorables y muertes encubiertas. En el geriátrico San Nicolás, por ejemplo, una afiliada murió por falta de alimentos. “Comían polenta con carcasa de pollo y dormían en habitaciones donde se llovía el techo”, relató. Desde PAMI Central, asegura, se negaron a enviar auditores y la amenazaron si hablaba públicamente.
La investigación, radicada en el Juzgado Federal N°1 a cargo de Alejo Ramos Padilla, apenas comenzó a moverse en las últimas semanas con algunas declaraciones testimoniales. Pero hasta el momento, no hay imputados ni indicios de que se avance contra los funcionarios señalados.
Entre los implicados, Aguirre mencionó a varios nombres que, según afirma, siguen manejando áreas sensibles del organismo, a pesar del cambio de gestión: Juan Esteban Osaba, Lucrecia Osaba, Emiliano Rossi, entre otros. Todos ligados a Pareja, y algunos supuestamente infiltrados del kirchnerismo que mantuvieron el control operativo.
Mientras tanto, la causa navega en un mar de opacidad. La denuncia fue explosiva, pero el expediente parece cuidadosamente amortiguado. Y nadie, ni en la Justicia ni en la política, parece apurado por llegar al fondo.
