El mismo día en que el concejal del PRO Nicolás Marzone presentó un proyecto para regularizar el funcionamiento de plataformas como Uber, Didi y Cabify, un sector de los taxistas organizados respondió con dureza mediante dos notas dirigidas al Concejo Deliberante.
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La primera nota, firmada por la Asociación Civil Taxistas 7 y 51 –que integra la CTA Autónoma– rechaza tajantemente la propuesta de legalización del servicio de transporte a través de aplicaciones móviles. “Legalizar estas plataformas solo precarizará aún más nuestra actividad, generará un sistema de transporte inseguro y entregado a corporaciones monopólicas que no tributan en el país. Las ganancias de estas empresas terminan en paraísos fiscales”, afirman. En la misma línea, los taxistas exigen mayor control sobre lo que califican como "transporte ilegal" que, a su juicio, opera sin regulación ni condiciones mínimas de seguridad.
La segunda misiva deja en claro el desacuerdo del sector con otro tema caliente: el pedido de aumento de tarifas promovido por las patronales del taxi. En ella, los choferes remarcan que el problema no es la tarifa, sino la competitividad. “Hoy no podemos competir con los precios miserables que ofrecen las plataformas”, dicen, y suman un fuerte diagnóstico: “La recesión generada por las políticas del gobierno nacional agrava nuestra situación. No podemos cargar el ajuste sobre los usuarios”. Así, los trabajadores del volante no solo enfrentan a las apps y a sus propias patronales, sino también al modelo económico que, denuncian, los empuja a la marginalidad.
Del otro lado, el proyecto de ordenanza del PRO busca legalizar un sistema que ya existe de facto: Uber, Didi y Cabify operan en La Plata sin regulación, sin control y sin tributar. La iniciativa propone que estas empresas se registren formalmente ante la Municipalidad, declaren un domicilio legal en la ciudad y garanticen atención para choferes y usuarios, además de incorporar sistemas de seguridad como botones de pánico y seguimiento en tiempo real de los viajes.
Para los conductores, el proyecto impone requisitos similares a los exigidos a taxis o remises: DNI, licencia de conducir al día, antecedentes penales limpios y papeles del vehículo en regla. Según sus impulsores, esto permitirá ordenar un servicio hoy caótico y generar una competencia “justa” con los sistemas tradicionales. La propuesta también incluye la posibilidad de regular tarifas, establecer cupos y habilitar mecanismos de control municipal.
La discusión excede lo técnico: se trata de un choque frontal entre dos modelos. Uno, el que busca aggiornar la economía urbana a los nuevos tiempos digitales, aún al costo de legalizar la precarización. El otro, el que defiende el trabajo regulado, organizado y protegido, aunque muchas veces atrapado en estructuras burocráticas y sin margen frente a un mercado que corre por izquierda… y por derecha.
En el fondo, lo que está en juego es quién tiene derecho a circular, a trabajar y a competir en una ciudad cada vez más tensionada entre la desregulación total y el intento de preservar algún orden público.
