En un nuevo intento por atraer divisas frescas desde el exterior, el Ministerio de Economía lanzó un bono en pesos destinado exclusivamente a inversores internacionales.
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La jugada, que apunta a captar hasta 1.000 millones de dólares, busca seducir a fondos del extranjero que quieran aprovechar la diferencia cambiaria y una tasa fija en moneda local.
El título, bautizado como Bonte 2030, podrá ser suscripto únicamente con dólares y promete intereses pagaderos en pesos cada seis meses.
Vence el 30 de mayo de 2030, pero ofrece una opción de rescate anticipado en 2027. La tasa de interés será definida en una licitación que se abrirá el próximo 28 de mayo y cuyas condiciones buscan ser lo más amigables posible para quienes traigan billetes verdes al país.
Aunque el bono se pague en pesos, la suscripción deberá realizarse exclusivamente con dólares estadounidenses.
Para eso se tomará el tipo de cambio oficial mayorista del 27 de mayo, de acuerdo con la cotización de referencia que publica el Banco Central.
Cómo es y cómo operará el nuevo bono Bonte 2030
El procedimiento será mediante una licitación competitiva, es decir que cada interesado podrá ofertar una tasa, sin monto mínimo ni máximo.
El precio de colocación es de $1.000 por cada $1.000 de valor nominal. En total, el Gobierno planea colocar el equivalente en pesos de hasta 1.000 millones de dólares.
Este tipo de instrumentos apuntan a reforzar las reservas del Banco Central sin apelar directamente al mercado local, y forman parte de una estrategia más amplia para reordenar el frente financiero y dar señales de estabilidad.
Los pagos de intereses se harán dos veces por año, el 30 de mayo y el 30 de noviembre. Y quienes quieran salir antes podrán ejercer el “put”, una opción de rescate anticipado que les permitirá recuperar el capital junto con el cuarto cupón de intereses en mayo de 2027.
La emisión será canalizada a través de la plataforma CRYL del Banco Central y no pagará comisiones.
Como viene ocurriendo con otros títulos similares, los interesados deberán presentar sus propuestas a través de entidades bancarias autorizadas, que también serán responsables de informar al Gobierno los detalles de cada inversión.
