La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. La propuesta logró 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, pese a los esfuerzos del Gobierno para hacer caer la sesión y la amenaza de veto por parte del presidente Javier Milei.
La iniciativa busca proteger a las personas con discapacidad ante el recorte de prestaciones, la falta de actualización en los aranceles y los cambios en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) impulsados por el Gobierno nacional.
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En simultáneo con el tratamiento en la Cámara Baja y de la masiva marcha en el Congreso, y antes de su aprobación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este miércoles que el presidente Javier Milei va a vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La advertencia se extiende a cualquier otro proyecto que, como una nueva moratoria previsional o un bono para jubilados, pueda impactar negativamente en el equilibrio fiscal, según el argumento del oficialismo.
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Aprobaron la ley de emergencia en Discapacidad: los detalles
El texto declara la emergencia en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre los puntos centrales, establece que las prestaciones arancelarias se actualicen desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, y que las pensiones no contributivas tengan una actualización mensual automática en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, fija que el monto de las pensiones por discapacidad no podrá ser menor al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que representa un intento de sostener el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos.
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Por otro lado, en respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores —hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas— fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
En ese sentido, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema muy concreto: que las personas con discapacidad se queden sin ayuda profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El proyecto aprobado incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.
Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
